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Cada vez más españoles realizan cerramientos en sus casas debido a la falta de espacio

En los últimos años, se ha observado un notable aumento en el número de españoles que optan por cerrar los balcones de sus viviendas. Esta tendencia no responde únicamente a una cuestión estética o de moda arquitectónica, sino que está profundamente vinculada con una necesidad real y creciente: la falta de espacio habitable en los hogares, especialmente en las grandes ciudades. Con el encarecimiento del metro cuadrado y el progresivo empequeñecimiento de las viviendas nuevas, muchos propietarios y familias recurren al cerramiento de balcones como una solución funcional para ganar unos pocos metros cuadrados adicionales que pueden marcar una gran diferencia en su día a día.

Las viviendas construidas en décadas anteriores solían contar con balcones generosos, concebidos como espacios abiertos para el disfrute del aire libre, el cultivo de plantas o simplemente como un rincón de desahogo. Sin embargo, el panorama actual ha modificado esa percepción. Hoy en día, esos metros abiertos se ven cada vez más como un lujo prescindible frente a la necesidad de espacio útil dentro de la vivienda. En ciudades donde los precios del alquiler y la compra han alcanzado niveles muy elevados, y donde el tamaño medio de los pisos apenas supera los 60 metros cuadrados, contar con unos pocos metros adicionales puede ser la diferencia entre vivir en un lugar funcional o uno agobiante.

El proceso de cerrar un balcón no solo responde a la necesidad de espacio, sino que también puede estar motivado por otros factores. La eficiencia energética es uno de ellos. Un balcón cerrado permite aislar mejor la vivienda del frío en invierno y del calor en verano, lo cual repercute directamente en la factura energética. Además, ofrece mayor seguridad frente a robos o caídas, especialmente en hogares con niños pequeños o personas mayores. También se ha vuelto más importante tras los meses de confinamiento vividos durante la pandemia, donde muchas personas se vieron obligadas a trabajar o estudiar desde casa, y comenzaron a valorar cada rincón disponible.

Aunque esta práctica tiene muchos defensores, no está exenta de polémica o restricciones. En muchos casos, el cerramiento de un balcón requiere permisos de la comunidad de propietarios y del ayuntamiento correspondiente, ya que puede alterar la estética del edificio y afectar a la armonía de la fachada. No todos los cerramientos son legales, y los vecinos pueden oponerse si consideran que se ha hecho sin seguir los procedimientos adecuados. Aun así, esto no ha frenado su proliferación, y en muchos barrios se puede observar cómo cada vez más balcones aparecen cubiertos con ventanas, cortinas de cristal o estructuras de aluminio y PVC.

La elección del tipo de cerramiento también ha evolucionado con el tiempo, tal y como nos cuentan los instaladores y expertos en ventanas de PVC en Alicante de Rolltec, quienes nos explican que mientras que antes era común ver soluciones fijas y poco estéticas, hoy muchas personas optan por sistemas desmontables o correderos que permiten ventilar el espacio o abrirlo por completo según la necesidad del momento. Esto ha favorecido que el balcón siga manteniendo su función original como espacio de transición entre el interior y el exterior, pero ahora con la posibilidad de integrarse temporalmente al salón, al dormitorio o incluso como un pequeño despacho o rincón de lectura.

¿Se necesita algún permiso para realizar un cerramiento?

A lo largo del post os lo hemos dicho de pasada, pero sí, sí se necesita permiso para cerrar un balcón de forma legal en España y, normalmente, se necesita un permiso, tanto del ayuntamiento correspondiente como de la comunidad de propietarios del edificio. Aunque muchas personas lo hacen sin regularizar la obra, la normativa vigente considera que un cerramiento supone una modificación de la fachada del inmueble, y eso lo convierte en una intervención sujeta a ciertas condiciones legales.

Desde el punto de vista municipal, cerrar un balcón requiere habitualmente una licencia urbanística o de obra. La categoría del permiso dependerá del tipo de cerramiento y de la normativa específica del municipio. Algunos ayuntamientos lo consideran obra menor, mientras que otros lo clasifican como obra mayor, sobre todo si implica un cambio relevante en la apariencia exterior o si afecta a la estructura del edificio. Además, cada municipio cuenta con su propio plan de ordenación urbana, en el que se especifica si los cerramientos están permitidos, en qué condiciones y con qué materiales. En ciertas zonas, especialmente en áreas protegidas o con alto valor patrimonial, pueden estar directamente prohibidos o muy restringidos.

A nivel de comunidad de propietarios, el cerramiento también debe contar con la aprobación de los vecinos. Dado que se altera un elemento común como la fachada, la Ley de Propiedad Horizontal exige que se apruebe en junta por una mayoría cualificada. Es habitual que se requiera el voto favorable de las tres quintas partes de los propietarios, que además representen tres quintas partes de las cuotas de participación del edificio. Incluso cuando ya hay balcones cerrados en el edificio, no se garantiza automáticamente el derecho a cerrar uno nuevo si no ha habido una regularización previa aprobada por la comunidad.

En muchos casos, especialmente cuando la intervención no es simplemente reversible o implica estructuras fijas, también es necesario presentar un proyecto técnico. Este debe ser redactado por un arquitecto o un arquitecto técnico, y es un requisito que acompaña a la solicitud de licencia en el ayuntamiento. El objetivo es garantizar que la obra cumple con las normativas de seguridad, aislamiento y estética urbana.

Realizar un cerramiento sin seguir estos pasos puede acarrear consecuencias, ya que si el ayuntamiento detecta que se ha cerrado un balcón sin los permisos adecuados, puede imponer una sanción económica y, en los casos más graves, ordenar la demolición de la estructura añadida. Por otro lado, la comunidad de propietarios también puede oponerse si no se ha consultado previamente, y esto puede derivar en conflictos vecinales o incluso en demandas legales.

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